El Juez Ruben Morales de la Corte estatal de Texas dictó sentencia sumaria a favor del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, tras desestimar una denuncia presentada por el exmandatario Javier Corral Jurado y el Gobierno del Estado de Chihuahua. Las acusaciones incluían delitos como lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y desvío de fondos públicos.
El fallo judicial, emitido en el expediente 2020 DCV0628, concluyó que no existen pruebas suficientes para sustentar las acusaciones formuladas. La decisión se produce luego de más de cinco años de investigaciones a cargo del Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
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Durante este tiempo, se revisaron propiedades, cuentas bancarias, empresas, vehículos y activos financieros supuestamente vinculados a Duarte Jáquez. Sin embargo, las agencias estadounidenses no encontraron elementos que corroboraran los señalamientos realizados por Corral y el gobierno estatal que encabezó.
“Se confirma lo que siempre dijimos: esta fue una persecución política disfrazada de justicia. Y tendrá consecuencias legales en México y en Estados Unidos”, declaró César Duarte tras conocerse el fallo.
En su momento, la administración de Corral aseguró públicamente que se habían identificado más de 50 propiedades en Estados Unidos supuestamente adquiridas con recursos desviados del erario, incluso aquellos destinados a la compra de medicamentos oncológicos. También se anunció la contratación de un despacho jurídico en Estados Unidos, al cual se le pagaría un porcentaje de los bienes recuperados. Sin embargo, nada de esto fue probado ante la corte.
La resolución representa un revés para la narrativa impulsada por el gobierno de Corral bajo el nombre de “Operación Justicia para Chihuahua”, que ahora queda desacreditada en el ámbito judicial estadounidense.
El equipo legal de César Duarte adelantó que interpondrá una demanda contra Javier Corral por daños morales, perjuicios y costos legales. La propia resolución contempla que el exgobernador panista podría ser obligado a cubrir los gastos derivados del proceso judicial.
Con esta resolución, la justicia norteamericana pone fin al caso sin que se haya celebrado un juicio, dado que la sentencia sumaria implica que no existían elementos para proceder.
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