La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó por unanimidad la constitucionalidad de la figura de revocación de mandato en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, rechazando la impugnación que cuestionaba los nuevos requisitos y procedimientos para ejercer este derecho.
En su fallo, la ministra Loretta Ortiz Ahlf afirmó que el Congreso local podía modificar la legislación reglamentaria siempre y cuando preservara las garantías de accesibilidad, representatividad y justicia en el ejercicio ciudadano.
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La SCJN determinó que la omisión de realizar un parlamento abierto no fue suficiente para invalidar la reforma, dado que se trató de una armonización constitucional necesaria tras el mandato federal de diciembre de 2019.
Así, la figura de la revocación de mandato siguió vigente en Chihuahua bajo condiciones que la Corte consideró razonables y respetuosas del núcleo esencial del derecho al voto.
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